NEP/ 5 de octubre de 2018 - Por: Gimena Rojas Esté
Recientemente los magistrados Alejandro Rebolledo y Thomas Alzuru, se desincorporaron del Tribunal Supremo de Justicia instalado en el exterior del país, el cual fue designado por la Asamblea Nacional el pasado 21 de julio de 2017.
Tras esta decisión, la doctora en Derecho Eglée González Lobato, ofreció un análisis del hecho y de otras acciones emprendidas por la instancia que fue constituida, de acuerdo a su juicio, bajo un procedimiento de dudosa legalidad.
La directora del Proyecto Entendimiento Nacional, PEN, y creadora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones UCV, sostuvo que la desincorporación de los juristas se realizó porque ellos consideraron que las decisiones tomadas por el ente al que pertenecían son inaplicables en la práctica por falta de legitimidad.
Indicó que el retiro de los magistrados se efectuó mientras se acordaba el 5 de septiembre "la apertura del expediente SC-2018-0014 por la Sala Constitucional del llamado TSJ en el exilio para sustanciar la solicitud del Nombramiento de una Junta de Gobierno de Emergencia".
¿Valor jurídico o simbólico?
"Es conveniente recordar que la ley exige un número de 32 magistrados en el TSJ y la Asamblea Nacional nombró 13 principales y 20 suplentes, para suplir a los nombrados de manera "exprés" en 2015 por el anterior Parlamento. De tal modo que la intención de los diputados no fue nombrar otro TSJ o un TSJ en paralelo, lo que se quiso fue terminar de integrar al actual supremo judicial", precisó.
La juramentación, prosiguió, se celebró en la plaza Alfredo Sadel en Caracas, pero no se logró realizar la toma de posesión por la presión ejercida por el Gobierno contra los recién nombrados magistrados, quienes buscaron protección fuera del país. "Fue así como el 13 de octubre se instaló como TSJ-exilio en la sede de la OEA, donde se inició su año judicial".
Comentó González Lobato que la ONG Acceso a la Justicia, ha advertido que la celebración de los actos en la OEA sin duda revisten importancia histórica, además de representar un respaldo internacionalmente significativo para el país, pero esto exige al mismo tiempo tener muy en cuenta las precisiones jurídicas que obliga a "(…) las decisiones que adopten los agentes o funcionarios legítimamente investidos para que sean válidas y eficaces deben estar sujetas al cumplimiento de este principio que delimita geográficamente el ejercicio de las funciones de los órganos de los poderes del Estado".
Jurídicamente, por tal razón, aseguró la abogada, no sería viable sostener que los magistrados que despachan desde el exilio tengan jurisdicción para actuar o ejercer competencias -asignadas por la Constitución y las leyes venezolanas- desde el exterior, como tampoco podría predicarse que las decisiones que tomen fuera del territorio tengan ejecución real en Venezuela.
Agregó que otra de las dudas surgidas tiene que ver con la viabilidad de producirse una detención del presidente Maduro por parte de la Interpol ante una orden del TSJ-exilio, "cuyas decisiones carecen de ámbito internacional, a diferencia, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional de la Haya".
La Unidad que la sociedad necesita
González Lobato alertó que, por una parte, las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio han estado al margen de la reinstitucionalidad que se necesita y por otra parte el gobierno prefiere la violencia verbal antes que enfrentar el problema del éxodo masivo que la comunidad internacional discute. Manifestó que superar "las derrotas de 2016 y 2017 implica que tanto los que salieron al exilio como quienes se han quedado, deben articular una acción comprensible para todos y para ello "hay que desterrar la idea de un supuesto gobierno en el exilio con un supuesto TSJ en el exilio".
"El liderazgo debe dar pasos orientados hacia el reingreso de la política con el propósito de lograr un acuerdo nacional que propenda al debate para un viraje económico; la reconstrucción de los partidos y la recuperación de la confianza en el sufragio. Es la única vía de rescatar la esperanza", concluyó la doctora en Derecho.
Con información de El Universal
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